El panorama urbano de San Francisco se transforma con rapidez. Las hileras de tiendas de campaña, habituales durante años en vecindarios como el Tenderloin y South of Market, caen a mínimos históricos. El cambio radical responde a una estricta política de “tolerancia cero” aplicada por las autoridades locales y estatales.
El giro legal que detonó las remociones
La transformación inició con el histórico fallo de la Corte Suprema de EE. UU. en el caso Grants Pass v. Johnson. Esta resolución otorgó luz verde a los municipios para prohibir las pernoctas en la vía pública. La decisión judicial eliminó la obligación previa de garantizar una cama de refugio antes de proceder con un desalojo.
A este marco legal se sumó una orden ejecutiva del gobernador de California, Gavin Newsom, que exigió la limpieza prioritaria de los terrenos estatales. La consolidación de esta estrategia ocurrió tras resolverse una larga batalla legal con un acuerdo de 2.8 millones de dólares, validando de forma definitiva los operativos de limpieza de la alcaldía.
Estrategia municipal y el plan de retorno
Bajo el liderazgo del alcalde Daniel Lurie, la ciudad intensificó los patrullajes policiales y combinó la presión en las calles con el programa Journey Home. Esta iniciativa ofrece pasajes de autobús gratuitos para trasladar a las personas sin hogar hacia sus lugares de origen fuera de la ciudad. Según datos del portal oficial del gobierno de San Francisco, estas medidas combinadas llevaron al desamparo callejero a su punto más bajo en la última década y media.
Crisis humanitaria bajo la superficie
A pesar del respaldo de sectores comerciales y residentes que celebran la recuperación del espacio público, las organizaciones civiles denuncian graves atropellos. Activistas del San Francisco Community Health Center advierten que los operativos se ejecutan de manera violenta. Reportan el decomiso y destrucción de pertenencias esenciales, incluyendo identificaciones, ropa de abrigo y medicamentos vitales para el tratamiento del VIH y la salud mental.
Los defensores de los derechos humanos señalan que la desaparición de las tiendas de campaña no resuelve la pobreza de fondo. El fin de los campamentos visibles desplaza a una población altamente vulnerable hacia callejones periféricos e infraestructuras ocultas, invisibilizando la crisis en lugar de erradicarla.
