La Arquidiócesis Católica de San Francisco acordó pagar US$ 395 millones para resolver más de 500 demandas que alegan abuso sexual infantil por parte de funcionarios de la Iglesia, según informaron el lunes los abogados de los demandantes.
Como parte del acuerdo, el arzobispo de San Francisco, Salvatore Cordileone, deberá escribir una carta de disculpa a cada víctima.
El acuerdo también exige que la arquidiócesis implemente una serie de reformas de transparencia y protección infantil, incluida la creación de una lista de miembros del clero acusados de abuso, señaló Jeff Anderson, abogado que representa a decenas de víctimas de abuso sexual infantil.
El acuerdo se produce tres años después de que la arquidiócesis se declarara en bancarrota y beneficiará a aproximadamente 530 sobrevivientes de abuso sexual infantil, indicó Anderson. Se trata del acuerdo más reciente relacionado con demandas por abuso sexual cometido por el clero. En 2024, la Arquidiócesis de Los Ángeles acordó un acuerdo récord de US$ 880 millones.
Varias arquidiócesis de California se declararon en bancarrota tras enfrentar cientos de demandas presentadas bajo una ley estatal aprobada en 2019, la cual permitía interponer demandas por hechos ocurridos hace décadas, siempre que se presentaran antes del 31 de diciembre de 2022.
El arzobispo Cordileone afirmó en un comunicado que considera que el acuerdo ofrece “un camino hacia una compensación justa para los sobrevivientes que han cargado con el peso de este abuso durante toda su vida”.
“La esperanza es que esta propuesta nos permita avanzar colectivamente”, declaró.
“Asumimos plena responsabilidad por lo sucedido y ofrezco mis más sinceras disculpas a todos aquellos que han sido perjudicados”, añadió Cordileone.
Margie O’Driscoll demandó a la arquidiócesis alegando que fue víctima de abuso sexual hace casi 50 años por parte de un sacerdote cuando era estudiante de la escuela secundaria Marin Catholic High School, en Kentfield, una comunidad situada al norte del puente Golden Gate. Ella señaló que el acuerdo fue fruto de una ardua lucha y que sitúa la responsabilidad en los funcionarios de la Iglesia, no en las víctimas.
“Yo, al igual que todos los sobrevivientes, he cargado con este dolor y esta vergüenza como si fueran una bola y una cadena durante muchísimo tiempo”, dijo O’Driscoll durante una conferencia de prensa. “Avergonzada y confundida por lo ocurrido, menospreciada por la arquidiócesis y, a veces, sin que ni siquiera mi familia y amigos me creyeran; creo que hoy la vergüenza cambiará de bando”. La Arquidiócesis de San Francisco atiende a unos 440.000 católicos en los condados de San Francisco, Marin y San Mateo.
Anderson señaló que un comité de sobrevivientes —quienes dedicaron miles de horas durante los últimos tres años a negociar con Cordileone— tiene la facultad de establecer los protocolos para la distribución de los fondos. Indicó que cada sobreviviente tendrá la oportunidad de presentar su relato de abuso ante un responsable de la asignación de fondos contratado por el comité, con el fin de recibir lo que Anderson describió como “una distribución equitativa basada en las circunstancias particulares de cada sobreviviente”.
Además de los fondos, la arquidiócesis deberá cumplir con 14 exigencias de transparencia y protección de menores; entre ellas, mantener y hacer pública una lista completa y actualizada de todos los miembros del clero acusados, detallando las denuncias y los resultados de las investigaciones. Asimismo, se prohibirá a la arquidiócesis imponer acuerdos de confidencialidad que silencien a los sobrevivientes.
“Llevo décadas trabajando con sobrevivientes y nunca había oído hablar de algo tan significativo, riguroso y sólido como lo que se le exige a la Arquidiócesis de San Francisco”, afirmó Anderson.
