En un giro político de gran calado, el alcalde de San Francisco, Daniel Lurie, ha declarado oficialmente el estado de emergencia por el precio de los alquileres en la ciudad. La medida responde a un incremento histórico del 25.6% en el último año, un fenómeno impulsado por el nuevo bum de la industria de la Inteligencia Artificial (IA). Ante la gravedad de la situación, Lurie —un demócrata de corte moderado— ha decidido recurrir al bloque progresista de la Junta de Supervisores para impulsar un drástico paquete de reformas e inversiones de 30 millones de dólares destinado a blindar a los inquilinos frente a subidas repentinas y desalojos.
El plan conjunto incluye ordenanzas clave redactadas en colaboración con supervisores de distintas corrientes del partido. La medida más marcadamente progresista es el respaldo del alcalde a la legislación de la supervisora Jackie Fielder, la cual prohibirá los desahucios por impago a menos que el inquilino deba, como mínimo, el equivalente a un mes completo del precio justo de mercado federal. Asimismo, el supervisor Danny Sauter ha introducido un tope del 10% a los incrementos acumulados, impidiendo que los arrendadores apliquen subidas de varios años de golpe. Adicionalmente, la ciudad destinará 27 millones de dólares para subsidiar a unas 650 familias de muy bajos ingresos cuyos vales federales de vivienda de emergencia iban a caducar prematuramente a finales de año debido a recortes de la administración federal.
La alarmante crisis habitacional ha llevado a que la mediana de un apartamento de un dormitorio en San Francisco roce los 4,500 dólares mensuales, una cifra que duplica el promedio nacional estadounidense. Con este movimiento estratégico, el alcalde Lurie busca tender puentes con los activistas locales de la vivienda tras recibir fuertes críticas que apuntaban a que sus políticas previas no protegían lo suficiente a las clases trabajadoras frente a la nueva ola de riqueza tecnológica que inunda la ciudad.
