La policía de San Francisco tendrá restricciones sobre cómo y cuándo utilizar el sistema de datos de las cámaras lectoras de placas, así lo anunció el martes el liderazgo de la ciudad.
“Me empezó a preocupar no solo que se pusiera a la gente en peligro debido al uso indebido y abusivo del acceso a estos datos, sino también que, si eso seguía ocurriendo, comprometeríamos nuestra capacidad aquí en San Francisco para seguir utilizando la tecnología”, expresó Brooke Jenkins, fiscal de distrito de San Francisco.
Jenkins hizo referencia al reciente caso del oficial que fue despedido por el Departamento de Policía de San José cuando se descubrió que compartió información de las cámaras Flock con un pariente involucrado en un caso de violencia doméstica.
Bajo las nuevas reglas, la información capturada por estos dispositivos será borrada después de 30 días, a menos que exista un caso legal que requiera lo contrario.
Además, los agentes necesitarán la autorización de sus superiores y la vinculación con una investigación penal en curso para consultar los datos asociados a la red municipal de lectores automatizados de matrículas.
“Me gusta que estamos tomando pasos para tratar de combatir algo que es claramente un problema, pero también a la vez, no pienso que sabemos suficiente para poder tomar una decisión y embarcar en un camino que no podemos de seguro decir que no van a pasar cosas que no deben de pasar”, aseguró Jonathan Jacobo, activista.
Jacobo agregó que continúan las inquietudes sobre la vigilancia masiva para el pueblo inmigrante.
“Y eso es preocupante, cuando tenemos a un presidente y una administración que es contra los inmigrantes, pensar que el gobierno tiene acceso a cada movimiento de cada persona en cada momento”, afirmó Jacobo.
Para otros, las más de 400 cámaras Flock en la ciudad sí proveen un respiro de seguridad.
“Para mí, como dueño de negocio, todo lo que pueda ayudar a la policía a controlar mejor el crimen en la ciudad me parece bien porque es difícil; no hay suficientes patrullas en la ciudad”, enfatizó Raúl Aguilera, dueño del restaurante Destapas.
Pero el dueño de un restaurante español en el distrito de la misión agregó que se trata de encontrar un balance.
“Dicho eso también, sí me preocupa un poco el tema de que estas cámaras se puedan utilizar para otras cosas y esa falta de privacidad al ciudadano es entendible la preocupación”, indicó Aguilera.
Además, se está trabajando en un proyecto de ley estatal que podría incluir sanciones penales para oficiales o cualquier persona que utilice esta tecnología de manera inapropiada.
Por el momento, la fiscal Jenkins y el asambleísta estatal Matt Haney, aún están considerando si esta legislación propuesta constituiría un delito menor o un delito más grave.
El departamento de rendición de cuentas policial de la ciudad también realizará auditorías periódicas sobre el uso de las cámaras.
