La Corte Suprema respaldó el esfuerzo del presidente Donald Trump por restringir las órdenes de tribunales inferiores que han obstaculizado su agenda durante meses.
Sin embargo, indicó que el controvertido plan del presidente para eliminar de hecho la ciudadanía por nacimiento podría no implementarse nunca.
La Corte Suprema le concedió a Trump una parte importante de lo que buscaba: limitó la capacidad de los demandantes para solicitar órdenes judiciales a nivel nacional que suspendan temporalmente la aplicación de una política por parte del gobierno. Estas órdenes judiciales son el centro de la batalla que el presidente, que lleva meses en el poder judicial federal, mantiene por sus intentos de redefinir unilateralmente las políticas migratorias del país, recortar el gasto público y asumir el control de agencias independientes.
En ese sentido, la decisión representó una victoria significativa para Trump en el alto tribunal y podría tener implicaciones duraderas no solo para el resto de su administración, sino también para futuros presidentes de ambos partidos.
Así decidieron los jueces
La jueza Amy Coney Barrett, la más reciente jueza que fue designada de Trump a la Corte Suprema, redactó la contundente opinión.
“Los tribunales federales no ejercen una supervisión general del poder ejecutivo; resuelven casos y controversias conforme a la autoridad que les ha otorgado el Congreso”, escribió Barrett en representación de la mayoría. “Cuando un tribunal concluye que el poder ejecutivo ha actuado ilegalmente, la solución no es que el tribunal también se exceda en sus facultades”.
En su opinión discrepante en nombre de los tres miembros liberales de la corte, la jueza Sonia Sotomayor afirmó que la mayoría había seguido “vergonzosamente” la estrategia de la administración en el caso, lo que describió como un intento de imponer una política “manifiestamente inconstitucional” al no pedir a los jueces que la aprobaran, sino limitar el poder de los jueces federales en todo el país.
Advirtió que, según el fallo, “ningún derecho está a salvo en el nuevo régimen legal que crea la Corte”.
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