El Congreso local de Texas ha aprobado algunas de las leyes más rigurosas contra los inmigrantes en Estados Unidos, criminalizando la llegada ilegal a Texas desde México.
La legislación, respaldada por la mayoría republicana, permite detener a cualquier persona bajo sospecha de ingreso irregular y deportarla, lo que ha generado incertidumbre sobre su legalidad.
El gobernador Greg Abbott, conocido por enfoques radicales contra la inmigración, se ha comprometido a firmar las iniciativas, incluida una que destina 1,500 millones de dólares para reforzar la vigilancia fronteriza.
La medida, conocida como iniciativa 4, ha desencadenado tensiones y protestas en el legislativo, destacando el malestar entre legisladores demócratas.
Esta normativa otorga a las autoridades la opción de deportar a México a cualquier sospechoso de ingreso irregular, enfrentándose a duras condenas si permanecen en Estados Unidos.
El Gobierno mexicano ha expresado su rechazo, alegando que la criminalización conllevará a la separación de familias y al perfilamiento racial.
Organizaciones de derechos humanos han anunciado que demandarán al Gobierno de Texas una vez que Abbott firme las leyes, señalando que estas normativas promueven el perfilamiento racial y autorizan deportaciones sin el debido proceso.
El congresista demócrata Armando Walle comparó la ley con la controvertida SB1070 de Arizona, argumentando que la nueva legislación texana es aún más perjudicial.
