La ciudad de San Francisco se encuentra en una fecha límite clave determinada por la Comisión de Servicios Públicos de California (CPUC) para formalizar los detalles de su oferta oficial de compra y recibir la contrapropuesta de Pacific Gas and Electric Company (PG&E). Este paso regulatorio representa un avance crucial en el histórico plan de la ciudad para independizarse de la corporación privada y operar su propia red de suministro eléctrico público.
La disputa se centra en una enorme disparidad financiera, con una brecha de más de 16.000 millones de dólares entre las valoraciones de ambas partes. Mientras que el gobierno de San Francisco valoró formalmente la infraestructura local en 3.400 millones de dólares, la dirección ejecutiva de PG&E adelantó que la empresa tasará sus activos en al menos 20.000 millones de dólares, calificando la estimación municipal como una cifra muy por debajo del valor real de mercado.
La raíz del conflicto: Diferencias en el cálculo
El choque de cifras responde a los elementos técnicos y operativos que cada entidad incluye dentro de la transacción:
- La postura de la ciudad: El ayuntamiento sostiene que su oferta de 3.400 millones se basa en auditorías de los activos físicos que sirven de forma directa a la urbe. Las autoridades municipales argumentan que los costos externos, como la construcción de nuevas subestaciones de interconexión para operar de manera autónoma, serán absorbidos de forma independiente y no deben inflar el precio de compra.
- La postura de PG&E: La compañía alega que San Francisco está subestimando gravemente los costos de transición. Según la firma, la tasación de 20.000 millones de dólares es necesaria porque incluye compensaciones por separación de sistemas (severance costs), derechos de propiedad y cerca de 2.000 intereses inmobiliarios esenciales (como servidumbres de paso y licencias complejas) que la ciudad tendría que adquirir.
Fiabilidad del servicio y presión legislativa
El empuje de San Francisco por municipalizar el servicio eléctrico se ha acelerado debido a las quejas recurrentes sobre la falta de fiabilidad del sistema actual. Desde la fiscalía de la ciudad se ha calificado el precio exigido por la empresa como “absurdamente inflado”, recordando que los ciudadanos han tenido que soportar un promedio de un apagón importante por semana. Los esfuerzos locales también se intensificaron tras un masivo corte de energía que dejó a oscuras a más de 130.000 residentes.
Por el contrario, la dirección de PG&E defiende que la duración de los cortes locales se ha reducido casi una cuarta parte y proyecta una inversión adicional de 2.000 millones de dólares en la infraestructura de la ciudad para los próximos años.
Siguientes pasos regulatorios
Una vez recibidas las posturas oficiales de ambas partes en este plazo límite, la CPUC iniciará un proceso de evaluación técnica para determinar un “valor justo y razonable” de los activos. No obstante, los analistas y líderes locales advierten que la resolución final tomará tiempo y que el conflicto tarifario tiene altas probabilidades de trasladarse y resolverse en los tribunales de justicia.
